La educación durante la dictadura de Jorge Ubico

Jorge Ubico (1931 – 1944) llegó al poder en un momento de crisis y desesperanza. La década anterior había sido crítica por la inestabilidad política, la incompetencia gubernamental, la corrupción y la economía dependiente, afectada por la crisis internacional. Ubico, que parecía comprender el sentimiento de los ciudadanos y la población de las cabeceras departamentales, principalmente, ofrecía un programa que se centraba específicamente en corregir la situación. Parecía la respuesta que se estaba esperando. Sin embargo con el paso de los años, y el establecimiento de una nueva dictadura, la desorganización política aumentaría y la concentración de poder en el ejecutivo daría paso a un control casi absoluto de la población que no tuvo más que sacrificar la libertad en pro de la aparente paz y el orden.

Como único candidato del Partido Liberal Progresista, Ubico asumió la presidencia como la persona más apta –la única dispuesta a hacerlo entonces- a los ojos de muchos. Era un militar reconocido y administrador capaz de acuerdo a la fama que se había hecho desde la Politécnica y el Estado Mayor. Su promesa de honestidad y de combatir la corrupción le parecía suficiente a un pueblo cansado de la miseria y el despotismo.

Con una política positivista, donde el orden y el progreso estaban atados estrechamente, Ubico se dedicó a controlar la economía para, según decía, crear las condiciones para el aumento de la producción nacional por medio del establecimiento de infraestructura. Culpaba en esa falta de infraestructura la falta de unidad nacional, para él el problema que evitaba el desarrollo. Esta visión se vio reflejada no sólo en sus políticas para incentivar la construcción de obras públicas y el desarrollo económico sino también en su visión sobre la educación. Si bien se hacía llamar liberal, como sus antecesores, la política positivista que lo guiaba contradecía la libertad como tal. Sin embargo encontraba que esto era necesario para poderle dar paso a la estabilidad y el orden, lo que según él traería desarrollo económico y social como resultado directo. El orden era así, para Ubico, “un medio y no un fin”.

En relación a la Iglesia, las acciones del Presidente Ubico también lo alejan del liberalismo que decía profesar. En 1928 se había consagrado al Arzobispo Luis Durou y Sure, quien había buscado limar los roces anteriores con el Presidente Lázaro Chacón. Estas relaciones no mejoraron realmente hasta la llegada de Ubico, quien desde el inicio mostró gran interés en reconciliarse con la Iglesia y además devolverle gran parte del protagonismo que había tenido desde la época de Rafael Carrera. La visión positivista de progreso, entendida exclusivamente en lo económico, por un lado, y la importancia de la Iglesia como formadora de valores, por otro, alejaban a Ubico de la verdadera función educativa: su interés más bien se centró en brindarle el carácter de “orden” también a la educación.

Lo anterior significó un retroceso en el proceso pedagógico nacional que mal que bien se había buscado en los gobiernos anteriores y un estancamiento cultural, resultado también de la limitación de las libertades ciudadanas. Las iniciativas educativas mermaron a la vez que se cerraron escuelas y se limitaron otras instancias. La persecución política de la que fueron víctimas algunos maestros, redujeron también el deseo de reforma y avance educativo que el cuerpo docente había mostrado en los Congresos Pedagógicos de las décadas anteriores. Las maestras de escuela tenían prácticamente prohibido casarse para mantener su puesto pues al hacerlo eran destituidas y la formación o especialización del maestro pasó a segundo plano. Para 1940, solamente el 51% de los maestros a cargo eran titulados[1] mientras el resto no tenían estudios de magisterio.

Mientras que se cerraron las escuelas normales de San Marcos, Jalapa y Cobán, en 1935 se creó la tercera Diócesis, en Alta Verapaz. La descentralización de la Iglesia Católica dio paso a la expansión religiosa en todo el país, si bien poco a poco debido a la escasa cantidad de sacerdotes que había entonces. Los recursos de las parroquias de la capital procedían de las familias acomodadas y profundamente religiosas, aspecto que hacía a la Iglesia dependiente de la clase alta, provocando a su vez que la visión evangelizadora se alejara cada vez más de los problemas socioeconómicos de su mayoría de fieles como lo había hecho desde la colonia. El poco interés que la educación mostró en el área rural, si bien en materia política Ubico hacía alarde de haber liberado al indígena de la esclavitud y permitirle “trabajar con dignidad”[2], llevó incluso a la afirmación en un congreso internacional que en Guatemala no existía el problema indígena, un aspecto, como se mencionó en los artículos anteriores, central en las políticas educativas de la época en toda la región. Esta perspectiva aparentemente contradictoria de la población rural en esta época se evidencia también en las afirmaciones de que el Arzobispo Rossell Arellano no tenía problema en expresar su simpatía con la visión de Juan Ginés de Sepúlveda, quien a mediados del siglo XVI había justificado el dominio español por la natural inferioridad y barbarie de los indios.

La recién creada Escuela Normal Superior fue clausurada desde el inicio del régimen, justificándose este cierre, y el de las escuelas normales antes mencionadas, en la crisis económica. Sin embargo solamente se trasladó el presupuesto de la educación al ejército y a los organismos policíacos[3]. La misma suerte corrió la Universidad Popular. El gobierno se aseguró, sin embargo de hacer la publicidad necesaria a la dotación de material en unas pocas escuelas.

La expansión militar y policial se sintió dentro de las escuelas primarias y los centros de segunda enseñanza donde se implantó la educación militar, solicitándose que se diera muestra de ello en las marchas militares realizadas por los escolares y sus maestros –vestidos de uniforme militar– en la celebración de la Independencia y el aniversario de la Revolución Liberal, las cuales concluían en el Campo de Marte, deidad que sustituyó a Minerva en el recibimiento de honores. Las escuelas con mayor gala de marcialidad eran premiadas con medallas siendo los criterios de valoración: “la correcta formación y movimientos, la perfecta conservación de las distancias entre filas y la ejecución del saludos al presidente de la República”[4]. Las faltas cometidas por estudiantes en los centros de segunda enseñanza eran amonestadas por militares, los cuales fueron nombrados como inspectores, al estilo de la policía escolar de la época de Estrada Cabrera pero más estricta, empleando medidas como arrestos, plantones y expulsiones temporales o definitivas.

Ubico le dio apertura al Arzobispo para difundir su publicación Revista Eclesiástica y en 1935 apoyó la moción de crear el programa de Acción Católica, un programa que le otorgaba a laicos responsabilidades clericales, entre estas la de impartir educación moral y religiosa. En el área rural la Acción Católica buscaba catequizar, convertir y eliminar las creencias y prácticas “heréticas” entre los indígenas, sobretodo en áreas donde las parroquias llevaban años sin ser atendidas. Por otro lado, el Presidente reanudó las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y poco después aprobó el retorno de los jesuitas, contradiciendo la disposición constitucional de 1879[5]. Artículos de la Constitución de la Reforma Liberal como el 27, que establecía que todos los habitantes eran libres para dar o recibir la instrucción que mejor les pareciera en los establecimientos no sostenidos por el Estado, fueron reformados. En este caso se agregó el apéndice: “No se puede fundar establecimientos de enseñanza sin autorización gubernativa. El Estado tiene derecho de inspección en todos los órdenes de la actividad escolar”[6]. Esto limitaba también las iniciativas de enseñanza privada.

En 1939 el gobierno decretó la militarización de toda la segunda enseñanza y las escuelas normales, nombrando militares de alto rango como directores de los establecimientos, siendo el propósito fundamental de dichos planteles el de mantener la disciplina, introduciéndose cursos de carácter militar. Sin embargo, se ha estudiando que estas prácticas más que generar un sentimiento militar y nacionalista realmente generó un sentimiento anti militar, en cual se evidenciará especialmente en 1944.

Si bien en la Universidad no se implantó un orden de tipo militar, la Constitución de la República, con sus reformas de 1935 establecía que ésta podía ser organizada únicamente por la Asamblea mientras que el Ejecutivo mantenía la suprema inspección sobre ella, a la vez, el Ejecutivo era el único que podía nombrar al Rector y a los Decanos de la Universidad, así como a las juntas directivas de las facultades. Esto limitó aún más la poca autonomía que la Universidad había recuperado después de Estrada Cabrera. Poco antes se había emitido un decreto que establecía el pago de cuotas por la educación secundaria, moral y especial, justificando esta decisión en que la educación primaria era la única de carácter gratuito y obligatorio, la cual consideraba suficiente para la “preparación del pueblo y el ensanche de la cultura nacional”[7]. Esto provocó el abandono de los estudios de una gran cantidad de jóvenes, que no podían costear las altas cuotas establecidas para su educación, que era de Q4.50 al mes, mientras los salarios de los maestros eran de Q7 mensuales. Según el censo de población de 1950, había en Guatemala un 72% de habitantes mayores de siete años que no sabían leer ni escribir[8]. Esto después de 75 años de educación gratuita y obligatoria, incluyendo los 22 años de la dictadura cabrerista y 13 de la ubiquista.

El mismo año de 1935 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, estableciendo, entre otros puntos de re organización escolar, que los propietarios de fincas y fábricas tenían la jurisdicción de las escuelas rurales, orden que según registros raramente se acató. Con esta ley el Estado se alejó de la responsabilidad de alfabetizar y educar a una gran cantidad de niños y jóvenes en las áreas rurales y para los dueños de las fincas, minas, fábricas, etc. responsabilizarse por “impartir, de manera gratuita y obligatoria, instrucción diaria, constante y progresiva, hasta que sepan leer y escribir correctamente” implicaba una carga más a sus responsabilidades laborales y económicas por lo que en general preferían evitarse dicho esfuerzo.

Cuando en 1939 se consagró al Arzobispo Mariano Rossell Arellano, por influencia del mismo Ubico[9], la relación entre el Estado y la Iglesia se hizo más estrecha. Ubico y Rossell Arellano tenían mucho en común: entre otras cosas[10], compartían la convicción de que la sociedad debía tener una estructura jerárquica y que la Iglesia era necesaria para pregonar la obediencia del pueblo a las autoridades tanto religiosas como seculares. En ese sentido podemos decir que ambos se apoyaron y justificaron el poder que cada uno se atribuía. Así, el Presidente permitió la celebración de congresos eucarísticos –en contra de las objeciones de los liberales–, y permitió el ingreso de nuevas órdenes religiosas, como la de los Maryknolls, los franciscanos, los maristas, los salesianos y los dominicos. Fue en ésta época también que se le concedió a un grupo de monjas belgas la autorización de dirigir un colegio privado, se le otorgó a las monjas del Sagrado Corazón, llegadas de El Salvador, el cargo del Colegio Santa Teresita y se permitió que las Hermanas de San Vicente de Paul administraran el Hospital General, utilizando sus hábitos religiosos en público[11], aun cuando la Constitución de 1879 en su artículo 24 claramente exponía: “El ejercicio de todas las religiones sin preeminencia alguna, queda garantizado en el interior de los templos”[12]. Ante momentos de crisis, Ubico apoyaba al Arzobispo en admoniciones que pedían cristiana resignación. La Iglesia le recordaba a los fieles que la vida realmente vendría después de la muerte[13].

Si bien hubo desarrollo económico hasta cierto punto no podemos afirmar lo mismo del desarrollo educativo, intelectual y humano en esta época. El descontento por la dictadura se fue generalizando después de 1940. Para entonces, la campaña de popularidad que Ubico realizaba en todo el país era más un ritual insistente y sin trasfondo que el aparente interés anterior en la República y su sonado desarrollo. Sus programas de infraestructura y comercio ya no respondían a las nuevas necesidades y gran parte de la población –la creciente clase media–, que había sido mantenida fuera del sistema político resentía el hecho de que el control sobre ella se había redoblado. La Carta del Atlántico, difundida por los aliados y la caída de otros caudillos en la región centroamericana anunciaban un nuevo espíritu “democrático y libre”.

Si bien se ha dicho que no se puede aspirar por orden y tranquilidad, y excelentes servicios de salud y educación a la vez, no puede olvidarse que el desarrollo económico no debe impulsarse a costa de la vida, la dignidad humana y la libertad. La educación, como se ha mencionado, ha tenido desde el inicio de los tiempos, la función de profundizar una cultura, una identidad y una serie de valores que garanticen la unidad, la armonía y la colaboración efectiva, hasta cierto punto al menos, de un grupo social a la vez que busca brindarle las herramientas para su avance individual y colectivo. No podemos juzgar la historia con los criterios del presente pero si debemos ser lo suficientemente objetivos para reconocer y aceptar las actitudes, decisiones y sucesos que forjaron lo que somos hoy: conciliarnos con ese pasado y aprender del mismo. La educación sigue siendo un tema en gran parte preocupante en nuestro país, donde medio siglo después seguimos manteniendo altos niveles de analfabetismo, división social y grandes fragmentos de la sociedad que no han sabido –pues tampoco se les ha sabido comprender para hacerles el espacio– integrarse a eso que los liberales herederos de la ilustración y que hoy seguimos llamando progreso.

[1] Jorge Luján Muñoz. Historia General de Guatemala. Tomo V. Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1996. Pp. 557 -573

[2] Idem. Gobierno de Jorge Ubico. K. Griebb.

[3] Carlos González Orellana. Historia de la Educación en Guatemala. Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Sexta Edición. Guatemala, 2007. P. 287

[4] Acuerdo Ministerial. Revista de Educación. Año II, número 6. Septiembre de 1932.

[5] Jorge Luján Muñoz. Historia General de Guatemala. Tomo V. Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1996. Pp. 255 – 265.

[6] Reforma a la Constitución de la República de Guatemala decretada el 11 de julio de 1935.

[7] Decreto 1264. 27 de abril, 1932

[8] Jorge Luján Muñoz. Historia General de Guatemala. Tomo V. Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1996. Pp. 137 – 151

[9] Idem

[10] Se afirma en diversas fuentes que otro de los puntos en que el Arzobispo y Jorge Ubico coincidían era en su apoyo al gobierno de Francisco Franco en España, cosa que se evidencia en los artículos publicados en la Revista Eclesiástica y en las actividades realizadas por falangistas, quienes también hacían ver su apoyo al régimen de Ubico. La publicación Amanecer, defensora de la madre patria y la religión circuló cerca de los años 40 y la radio de la iglesia del Cerrito del Carmen se dedicó a hacer propaganda falangista.

[11] Idem. P. 258

[12] https://sites.google.com/site/blogsguat/constitucionesgt, consultado: 9/12/2015

[13] Jorge Luján Muñoz. Historia General de Guatemala. Tomo V. Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, 1996. P. 260